[Info ES] La Vía Campesina llama a defender Acuerdo de Paz en Colombia, demanda cumplimiento irrestricto y exige que diálogo no sea suplantado por silencio de la violencia

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Lun Nov 25 16:11:28 CET 2019


 

LA VÍA CAMPESINA LLAMA A DEFENDER ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA, DEMANDA
CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO Y EXIGE QUE DIÁLOGO NO SEA SUPLANTADO POR
SILENCIO DE LA VIOLENCIA

 24 NOVIEMBRE 2019  PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA [1], SOBERANÍA
ALIMENTARIA [2], SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA [3], TIERRA, AGUA Y
TERRITORIOS [4] 

TERCER ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA –
COMUNICADO LA VÍA CAMPESINA . 

_Frente al estado actual del proceso de implementación del Acuerdo __Paz
en Colombia_ _La Vía Campesina hace un llamado al Pueblo Colombiano, a
la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, a la
Unión Europea, a los Países no Alineados, a Gobiernos, Organizaciones y
en general a la solidaridad internacional, a rodear el Acuerdo de Paz en
Colombia, demandar el cumplimiento irrestricto de los compromisos
asumidos y exigir que el diálogo no sea suplantado por el silencio de la
violencia._ 

(Harare, 22 de Noviembre 2019) El 24 de noviembre de 2016, el pueblo
colombiano y el mundo entero observaban con esperanza la firma del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el
Estado colombiano. Este hecho constituyó una oportunidad histórica para
construir la paz en un país que por más de 50 años estuvo sometido al
yugo de la violencia, materializada en las dimensiones económica,
política y social, que debilitó gravemente su tejido social. 

Transcurridos los primeros 3 años del proceso de construcción de paz, La
Vía Campesina, organización que agrupa a millones de campesinxs en el
mundo y que fue designada por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP como
acompañante internacional en el proceso de implementación de los
acuerdos, ve con profunda preocupación el insuficiente avance en la
materialización de los compromisos para la terminación del conflicto y,
peor aún, lo que pareciera ser una tergiversación del espíritu de lo
acordado en La Habana. 

Esta situación se evidencia en el estado de avance del proceso de
implementación, pues a 28 de febrero de 2019 sólo un 23% de los acuerdos
se han implementado completamente[1] [5]. Debe resaltarse que no se han
adelantado los procedimientos legislativos necesarios para avanzar en la
implementación y que el 57% de las normas requeridas aún están
pendientes de trámite en el Congreso, ejemplo de ello lo constituyen la
Ley de Creación del Sistema Catastral Multipropósito, la ley sobre
Tratamiento Penal diferenciado para pequeños agricultores vinculados con
cultivos de uso ilícito y la Ley sobre adecuación de tierras, cuyos
proyectos de Ley para discusión en el Congreso se encuentran archivados,
pese a que constituyen leyes de implementación prioritaria para el
desarrollo del punto 1 del Acuerdo, referente a la Reforma Rural
Integral. 

Vemos con preocupación el hecho de que al día de hoy no se haya
entregado la primera hectárea derivada del Fondo de Tierras[2] [6] y
que, según el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, los
avances en el punto de Acceso a Tierra se registrarán de acuerdo con los
títulos formalizados y no en relación con las hectáreas entregadas,
enfoque que distorsiona lo establecido en el Plan Marco de
Implementación del Acuerdo. Asimismo, durante el primer año del Gobierno
Duque se ha formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y
mediana propiedad. Esto representa un 8,7% de lo que debería realizarse
anualmente para poder cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de
dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de
Tierras. Y eso partiendo de un plazo total de 12 años, cuando en
realidad el Acuerdo habla de 10 años para formalización[3] [7]. 

El panorama de la sustitución de los cultivos de uso ilícito no es más
alentador. Para afrontar esta problemática el Acuerdo de Paz prioriza la
erradicación voluntaria, mediante la concertación entre el Estado y las
comunidades; sin embargo, el actual Gobierno ha antepuesto el uso de
estrategias coercitivas de erradicación de cultivos de uso ilícito,
recurriendo a la fumigación aérea con glifosato según los términos
recientemente establecidos por la Corte Constitucional. El enfoque que
ha adoptado el Gobierno de Duque redunda en la estigmatización,
represión y judicialización de las y los pequeños cultivadores, además
de desconocer el carácter social y económico de esta problemática. 

Observamos con preocupación además que el actual enfoque gubernamental,
al priorizar la erradicación forzosa, desvincula la implementación del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(PNIS) de la Reforma Rural Integral (RRI), situación que no sólo vulnera
el espíritu del Acuerdo Final, cuyo eje central lo constituye la
sustitución voluntaria y concertada, sino que también agrava la
vulnerabilidad de las y los pequeños agricultores vinculados con
cultivos de uso ilícito, quienes se ven privados de la asistencia
alimentaria y técnica para emprender alternativas productivas. Sólo el
0.7% de las familias que vienen cumpliendo con los acuerdos de
sustitución están vinculadas a proyectos productivos[4] [8], situación
que afecta la sostenibilidad del PNIS en el mediano y largo plazo, pues
las y los pequeños agricultores pueden verse forzados a recurrir
nuevamente a los cultivos de uso ilícito a falta de alternativas
productivas. 

Es necesario hacer referencia a las inquietantes modificaciones que ha
sufrido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las cuales es
el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual se elimina la
obligación de los terceros de acudir a la JEP. Esta decisión afecta el
proceso de construcción de la verdad, punto medular de la justicia
transicional, vulnerando el derecho de la sociedad colombiana de conocer
lo que realmente pasó en el marco del conflicto armado. De esta forma,
se limita a la voluntad de los terceros implicados la posibilidad de
conocer la participación real de multinacionales, nacionales vinculados
a la banca, el latifundio ganadero, la agroindustria, funcionarios
públicos y demás civiles en la organización, financiación y apoyo a
grupos paramilitares, y otras estructuras implicadas en las vicisitudes
de la guerra. 

Queremos prender las alarmas frente al peligro que constituye la
creación de un procedimiento diferenciado para los militares al interior
de la estructura orgánica de la JEP. El proyecto de acto legislativo,
impulsado por el partido de Gobierno, tiene como propósito crear nuevas
secciones al interior del Tribunal de Paz, las cuales tendrán la
competencia exclusiva para conocer los hechos cometidos por los
militares en el conflicto, situación que pone en grave amenaza los
derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no
repetición, permitiendo que se descorra el velo de la impunidad. A la
vez, este nefasto proyecto de acto legislativo vulnera el derecho de la
sociedad colombiana de conocer la verdad de lo sucedido en más de medio
siglo de guerra, obstaculizando no sólo el trabajo de la JEP, sino
también de la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas. 

Los derechos de las víctimas, cuya garantía y protección ha sido una de
las características esenciales del Acuerdo de Paz entre el Estado
colombiano y las FARC-EP, no sólo están siendo vulnerados en lo que al
componente de verdad se refiere, sino que también se ha obstaculizado su
derecho a ser un sujeto político activo en el proceso de implementación
y construcción de paz en el país. No otra es la impresión que nos deja
el hecho de que el Congreso de la República tenga archivado el proyecto
de ley que crea las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz,
situación que impide la representación política de estas poblaciones y
de sus derechos económicos, políticos, económicos, sociales y
culturales. 

El estado de avance de la implementación en materia de reparación a
víctimas también es desalentador. En Colombia se han identificado
7.155.469 sujetos de reparación o atención; sin embargo, desde la puesta
en marcha de la política el país sólo ha avanzado en la reparación de
898.540 personas, poco más del 12% del universo total. Al respecto,
pareciera que el actual Gobierno no tiene un compromiso real con la
implementación de políticas de reparación a víctimas, impresión que nos
deja el hecho de que durante el primer año del Gobierno de Duque se haya
reducido a menos de la mitad la media anual de reparación a víctimas que
se llevaba antes. 

Frente al proceso de reincorporación de los excombatientes de las
FARC-EP, hoy agrupados en el partido político Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común, manifestamos, igualmente, varias
preocupaciones. Son varios los compromisos asumidos por el Estado en
materia de reincorporación, dentro de los que se incluye el subsidio a
iniciativas productivas y la titularidad de tierras a la población
excombatiente. Frente a esto, las cifras indican que a la fecha el
Gobierno ha aprobado 29 propuestas productivas colectivas de los
excombatientes, de las que sólo 19 han recibido su desembolso
respectivo. Asimismo, el universo de beneficiarios es limitado, pues los
proyectos aprobados cobijan sólo al 14% de la población en proceso de
reincorporación, y los efectivamente desembolsados sólo cubren un 9% de
dicha población[5] [9]. Esta realidad abandona a las y los
excombatientes en una situación de incertidumbre frente a la efectividad
del proceso de reincorporación económico-social. 

Las acciones del Estado para proveer garantías de seguridad a los
excombatientes, así como a líderes sociales y defensores de derechos
humanos también han sido insuficientes. Observamos con arrebato el clima
de violencia que se ha desatado tras la firma del acuerdo de paz,
especial preocupación nos genera la situación de violación de derechos
humanos que está padeciendo colombia como consecuencia del asesinato
sistemático de las y los excombatientes de las FARC y sus familiares,
así como de dirigentes y activistas de izquierda, defensores de derechos
humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, indígenas y afro
descendientes, situación que rememora la época del exterminio de la
Unión Patriótica. En este escenario no es posible evidenciar la voluntad
del Gobierno para cumplir el compromiso de combatir y desmantelar el
fenómeno del paramilitarismo. 

Desde el proceso de dejación de armas el partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común ha denunciado el homicidio de 150
excombatientes, asimismo, durante el primer año de Gobierno de Iván
Duque se han registrado 236 homicidios de líderes/as sociales y
defensores/as de derechos humanos[6] [10]. Percibimos la ausencia
voluntad política para cumplir con las Garantías de Seguridad
contempladas en el acuerdo, debido a la ineficiencia del Estado para
afrontar la situación de violación de derechos humanos que enfrenta el
país. 

El momento actual del proceso de implementación del acuerdo de paz
adolece de lo que parece ser una falta de voluntad política del Gobierno
para cumplir con lo acordado e, incluso, de tergiversar su espíritu.
Lanzamos una alerta sobre la falta de impulso de una pedagogía de paz,
así como sobre el hecho de que desde instancias gubernamentales, y en
especial desde el partido de gobierno, se agreda a los congresistas de
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como a otros
miembros de partidos de oposición y líderes/as sociales, en el marco de
lo que parece ser una política oficial de Estado reacia a avanzar en un
proceso de reconciliación nacional, y bajo cuya connivencia opera un
proceso de  estigmatización y exterminio de sectores opositores. 

CONTACTOS DE PRENSA: 

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Federico Pacheco | +34 690 651 046 | pachecofederico en yahoo.es
Veronique Leon | +33 622 161 399 | verobique en gmail.com 
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[1] [11]              Kroc Institute for international peace studies.
Tercer informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz: La
implementación sigue Progresando. 2019. 

[2] [12]              CSIVI-FARC. Centro de Pensamiento y Diálogo
Político. La implementación del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de
Iván Duque. Tendencia a la Perfidia y la simulación. 2019. 

[3] [13]              ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del Gobierno
de Duque? Retos y Recomendaciones. Seguimiento multi-partidista a la
implementación del Acuerdo de paz. 2019. 

[4] [14]              La implementación del Acuerdo de PAz durante el
Gobierno de Iván Duque. Tendencia a la Perfidia y la simulación.
CSIVI-FARC. Centro de Pensamiento y Diálogo Político. 

[5] [15]              CSIVI-FARC. Centro de Pensamiento y Diálogo
Político. La implementación del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de
Iván Duque. Tendencia a la Perfidia y la simulación. 2019. 

[6] [16]              Subcomisión de DDHH Cumbre Agraria, Campesina
Étnica y Popular, informe para el período del 7 de Agosto de 2018 al 4
de agosto de 2019. 

Links:
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[1]
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/solidaridad-internacionalista/proceso-de-paz-en-colombia/
[2] https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/soberania-alimentaria/
[3]
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/solidaridad-internacionalista/
[4]
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/tierra-agua-y-territorios/
[5]
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-defender-acuerdo-de-paz-en-colombia-demanda-cumplimiento-irrestricto-y-exige-que-dialogo-no-sea-suplantado-por-silencio-de-la-violencia/#_ftn1
[6]
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-defender-acuerdo-de-paz-en-colombia-demanda-cumplimiento-irrestricto-y-exige-que-dialogo-no-sea-suplantado-por-silencio-de-la-violencia/#_ftn2
[7]
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-defender-acuerdo-de-paz-en-colombia-demanda-cumplimiento-irrestricto-y-exige-que-dialogo-no-sea-suplantado-por-silencio-de-la-violencia/#_ftn3
[8]
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[9]
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[10]
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[11]
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[12]
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[13]
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[14]
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[15]
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[16]
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-defender-acuerdo-de-paz-en-colombia-demanda-cumplimiento-irrestricto-y-exige-que-dialogo-no-sea-suplantado-por-silencio-de-la-violencia/#_ftnref6
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